A partir del 1 de enero de 2027, los miembros del Dewan Pengawas Syariah (DPS) en instituciones financieras islámicas, sean bancos o no, deberán tener un certificado de calificación profesional. Esta política del Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI), anunciada en la Ijtima' Sanawi DPS XXII en octubre pasado, complementa las medidas del OJK desde 2025 que designan al DPS como la parte principal en bancos islámicos generales y unidades de negocios islámicos, por lo que los candidatos deben aprobar pruebas de habilidad y idoneidad. Estos dos pasos son dignos de alabanza, ya que los supervisores islámicos ahora son seleccionados y capacitados con estándares cada vez más altos. Para que este fortalecimiento sea más completo, se plantea una pregunta natural: ¿hasta qué punto el DPS comparte la responsabilidad en caso de pérdidas debido a violaciones de los principios islámicos? Por ejemplo, si un producto de financiación ya está en marcha y su acuerdo necesita ser corregido, y parte de sus ingresos deben ser transferidos a fondos que no pueden reconocerse como ingresos (TBDSP), según lo conocido en la Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018. El artículo 45 párrafo (1) POJK No. 2 del año 2024 menciona un paso similar con el término de recepción no halal. El banco también pierde ingresos. ¿Quién asume la responsabilidad? Responsabilidad y Responsabilidad Civil Para responder a esto, dos términos a menudo intercambiados deben separarse. La responsabilidad está ligada a la tarea. La responsabilidad civil, un término utilizado por Moegni Djojodirdjo en su libro Perbuatan Melawan Hukum, es la obligación de compensar las pérdidas. Solo surge cuando hay un error, una pérdida y una relación de causa y efecto entre ambos, como se describe en el artículo 1365 del Código Penal. La responsabilidad del DPS ya está bien formulada. El artículo 20 párrafo (1) POJK 2/2024 menciona que el DPS supervisa las políticas y el curso de las operaciones por parte de la dirección para asegurar que se ajusten a los principios islámicos, y es responsable de esa supervisión. El mismo POJK también proporciona sanciones administrativas hasta la prohibición de ocupar un cargo para la parte principal si no se sigue la no conformidad islámica (artículo 45 párrafo (4)). Lo que aún no está disponible es su medida civil. Sin embargo, esa medida es útil para todas las partes, es decir, el DPS obtiene certeza, los bancos y los clientes obtienen un apalancamiento. Su posición ya está clara La posición del DPS ahora es clara después de un largo viaje. En la formulación inicial de la Ley No. 21 del año 2008 sobre Bancos Islámicos, el DPS se clasificaba como una de las partes afiliadas que brindan servicios a los bancos, en la misma serie que los contadores públicos y los consultores legales (artículo 1 número 15 letra b). La Ley P2SK luego lo cambió. El DPS se formuló como una parte encargada de supervisar que las actividades de la empresa cumplan con los principios islámicos (artículo 1 número 25), y se colocó en un grupo con comisarios y directores, separado de los proveedores de servicios. El POJK 2/2024 reduce esta dirección al establecer al DPS como la parte principal del administrador, al igual que los directores y comisarios (explicación del artículo 8 párrafo (1)). El Tribunal Constitucional (MK) también, en la Decisión No. 42/PUU-XXIV/2026 (16 de marzo de 2026), rechazó la solicitud que cuestionaba el nombramiento del DPS por parte del RUPS, y su consideración, de hecho, fortalece al DPS. Según el MK, el principio de precaución y buena fe radica en todos los órganos de la empresa o parte de los órganos, incluido el DPS, y también se aplica a los intereses de los clientes. La posición del DPS ahora es paralela a la del administrador. Es apropiado que las reglas de su responsabilidad civil también se alineen, y esta es la parte que aún necesita completarse. Reglas Ya Existen, Faltan Medidas Las obligaciones en torno al DPS en realidad están bien ordenadas. La dirección debe seguir las recomendaciones del DPS, y los comisarios deben asegurarse de ello (artículo 29 párrafo (2) y (3) POJK 2/2024). El acta de la reunión del DPS debe documentarse, incluidas las diferencias de opinión con sus razones (artículo 32 párrafo (4) y (5)). El artículo 56 de la Ley 21/2008 también menciona desde el principio que los miembros del DPS pueden ser sancionados administrativamente. Así que lo que aún se necesita es una medida civil: ¿cuándo se considera negligente al DPS y cuándo está trabajando adecuadamente?
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