Con las elecciones del 29-N cada vez más cerca, las promesas electorales comienzan a sobrecargar los buzones y a marcar el tono de la campaña. Entre las recetas más recurrentes vuelve a abrirse paso una fórmula conocida: la mano dura. El endurecimiento del Código Penal se convierte en uno de los principales reclamos políticos, especialmente cuando se trata de abordar determinados fenómenos delictivos. Es el ejemplo del Partido Popular, quien en su último programa electoral disponible, ya contemplaba ampliar la prisión permanente revisable a los condenados por asesinato con ocultación del cadáver, así como endurecer las penas por multirreincidencia en hurtos y estafas. También proponía reformar la Ley Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Vox, por su parte, ha defendido rebajar la edad de responsabilidad penal de los menores, una iniciativa que llegó a registrar en el Congreso en 2025, aunque fue rechazada. En el extremo contrario, Sumar incluyó en su programa electoral la eliminación de la prisión permanente revisable y la apuesta por un modelo penal con mayor peso de las penas alternativas a la prisión y la reinserción. El PSOE, por su parte, participó en el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2015 contra la ley que introdujo esta pena en el Código Penal, junto a otros grupos parlamentarios. El debate sobre cómo combatir la delincuencia oscila entre dos grandes enfoques: quienes defienden el endurecimiento de las penas como herramienta disuasoria y quienes apuestan por reforzar la prevención y la reinserción. Ambos discursos, en muchas ocasiones, efectistas, apelan directamente a las emociones del electorado y se pueden llegar a olvidar de la eficacia real de unas y otras medidas. Según explica el criminólogo y asesor judicial, Guillermo Expósito, el recurso al punitivismo, esa a defender el endurecimiento del sistema penal, se consolida en la contienda política porque 'es una receta rápida de querer ofrecer a la ciudadanía una solución que además es muy visible y muy visceral'. El experto advierte de que la ciudadanía puede dejarse llevar por consignas que, aunque resultan convincentes a primera vista, no siempre encuentran respaldo en los datos sobre la eficacia de las políticas contra la delincuencia. En este sentido, las cifras del Ministerio del Interior apuntan a una tasa de reincidencia mayor entre las personas excarceladas (13,3%) que entre quienes cumplieron penas o medidas alternativas a la prisión (6,74%). No obstante, para interpretar estos porcentajes con rigor, es necesario tener en cuenta que ambos grupos no son directamente comparables: los delitos que pueden dar lugar a una pena alternativa no tienen necesariamente la misma gravedad que aquellos que conllevan el ingreso en prisión. Así, una persona condenada por asesinato, por ejemplo, no puede acceder a este tipo de medidas. Por ello, también resulta fundamental atender a la naturaleza de los delitos y a las posibilidades de reinserción asociadas a cada uno de ellos. La evidencia criminológica indica que el incremento sistemático de las penas de prisión no siempre lleva aparejada una reducción de la delincuencia. Por el contrario, la aplicación de políticas punitivas orientadas a la masa electoral, a juicio del experto, tiende a criminalizar infracciones menores y comportamientos poco cívicos, equiparándolos en el debate público a los delitos más severos. Para Expósito, resulta deshonesto abordar la seguridad metiendo en el mismo saco actos de vandalismo o daños materiales junto a delitos graves como el homicidio, puesto que la respuesta institucional ante realidades dispares exige rigor técnico. Uno de los ejes sobre los que se articula el discurso de la mano dura es la instrumentalización del sufrimiento de las víctimas para justificar cambios en la ley; en palabras de Expósito, 'la víctima del delito siempre es el chivo expiatorio para endurecer el Código Penal, pero no para ofrecer soluciones reales'.
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