La ley de rescate económico ordena las cuentas con recetas conocidas, pero reparte la carga entre quienes el Estado ya puede identificar. No explica quién invertirá, ni en qué, cuando el Gobierno gaste menos. El Fondo Monetario Internacional recomendó una consolidación fiscal acumulada de 3,2 puntos del PIB entre 2026 y 2028, mediante medidas de ingresos y gastos. El Gobierno propone instrumentos de consolidación casi calcados de los recomendados por el FMI. Sin embargo, la ley no aborda las transformaciones necesarias para evitar nuevos desequilibrios. La consolidación fiscal reducirá la percepción de riesgo, mejorará las condiciones de financiamiento y estimulará la inversión privada. Sin embargo, recuperar la confianza no equivale a transformar la estructura productiva. El Gobierno también propone mayores impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas, y trasladar a la ADRES uno de los cuatro puntos porcentuales de los aportes parafiscales que reciben las cajas de compensación familiar. La propuesta actual coincide con la recomendación del FMI de reducir exenciones y ampliar la base del IVA. Para compensar su incidencia regresiva se plantea EfectiVA, un mecanismo de devolución del impuesto pagado por los hogares beneficiarios. Sin embargo, ese potencial depende de las condiciones de implementación.
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