La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha lanzado una advertencia sobre el destino de los fondos públicos dirigidos al sector primario. Según su último informe anual sobre políticas agrarias, las ayudas públicas en los cincuenta y seis países analizados superaron los ochocientos cuarenta y cinco mil millones de euros, lo que representa un incremento del quince por ciento respecto a periodos anteriores. Sin embargo, el organismo internacional señala que este ingente esfuerzo presupuestario no se traduce necesariamente en un campo más competitivo, productivo o resistente ante las crisis globales. El núcleo del problema, de acuerdo con el análisis, radica en que casi la mitad de estos recursos se destinan a políticas que alteran el funcionamiento natural de los mercados. Entre estas medidas se encuentran los aranceles, los cupos a la importación y las subvenciones directas a insumos como los combustibles o los fertilizantes. Aunque a corto plazo puedan suponer un alivio para determinados productores, la OCDE advierte que a largo plazo reducen los incentivos para adaptarse a las demandas del mercado y mantienen estructuras ineficientes, dejando al sector más expuesto a futuras turbulencias. El informe también pone el foco en el caso de España, mencionando la movilización de recursos públicos por parte del Gobierno para hacer frente a situaciones excepcionales como la sequía, los costes derivados de la guerra en Ucrania o los efectos de catástrofes naturales como la DANA y los incendios forestales. Si bien estas intervenciones puntuales pueden ser necesarias para mitigar daños urgentes, el organismo internacional recalca que no deben constituir el eje central de la política agraria. Paralelamente, se constata una pérdida de peso relativo de la inversión en servicios generales que benefician al conjunto del sector, tales como infraestructuras, regadíos, innovación, investigación y formación. Mientras el gasto en medidas distorsionadoras y ayudas directas absorbe el grueso del presupuesto, los recursos para mejorar las bases estructurales de la producción han disminuido significativamente en las últimas décadas. Todo ello genera además un doble impacto sobre los ciudadanos: por un lado, mediante el coste fiscal que sale del bolsillo de los contribuyentes; por otro, a través del sobrecoste que medidas como los aranceles y las restricciones a la importación trasladan a los consumidores en los precios de los productos agrarios. Fuente: Libremercado
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