El concepto de seguridad ciudadana y la articulación del orden público han ganado un protagonismo inusitado en la agenda de los partidos políticos de cara a la campaña del veintinueve de noviembre. Esta cuestión marca una brecha irreconciliable entre la visión garantista e integradora de las izquierdas y las recetas de autoridad, código penal severo y contención migratoria que abandera el bloque conservador y de extrema derecha. Por un lado, la propuesta del Partido Socialista busca mantener un equilibrio entre la firmeza operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el respeto escrupuloso a los derechos civiles y las libertades comunitarias. Los socialistas apuestan por consolidar el incremento de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, mejorar sus medios técnicos y modernizar los protocolos de ciberseguridad. En el plano legislativo, defienden una reforma pactada de la Ley de Seguridad Ciudadana para eliminar sus aspectos más restrictivos sobre el derecho de manifestación, sustituyéndola por un marco centrado en la mediación comunitaria. Además, rechazan los discursos xenófobos, vinculan la seguridad a la inclusión social y abogan por reforzar la prevención de la violencia machista. Por su parte, el Partido Popular centra su estrategia en el restablecimiento absoluto del principio de autoridad, la tolerancia cero frente a la ocupación y la reforma punitiva del Código Penal. Prometen una ley antiokupación para desalojos exprés en un plazo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas, prohibir el empadronamiento de los ocupantes ilegales y endurecer las penas contra la multirreincidencia en hurtos y robos. En materia migratoria, el PP vincula la seguridad a una política de fronteras estrictas, proponiendo acoger únicamente inmigración legal y ordenada sujeta a contratos de trabajo en origen, y acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular que cometan delitos. En un peldaño de mayor contundencia, Vox eleva el debate a una emergencia de soberanía nacional. El programa de Santiago Abascal plantea un modelo abiertamente punitivo que incluye la expulsión inmediata de los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente, la supresión de ayudas públicas a personas en situación irregular, el cierre de centros de menores extranjeros no acompañados y la derogación de normativas protectoras. Asimismo, defienden la prisión permanente revisable y el despliegue del Ejército en la custodia de fronteras si la presión migratoria desborda a los efectivos policiales. Por último, el Frente Amplio se posiciona en las antípodas con un enfoque fuertemente garantista y de transformación comunitaria. Fuente: Diario de actualidad con independencia y compromiso con la información #SeguridadCiudadana #Elecciones #Politica #Actualidad #Espana
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