La exigencia de una actividad negociadora real y efectiva como requisito previo para acudir a los tribunales vuelve a situarse en el centro del debate jurídico. Lo pone de manifiesto el Auto 471/2026, de 9 de octubre, de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Móstoles (Plaza 2), que ha venido a inadmitir una demanda de modificación de medidas al estimar el recurso de revisión interpuesto por la madre y revocar el decreto de 16 de septiembre de 2026 que inicialmente la había admitido a trámite. En este caso, el padre pretendía extinguir la pensión de alimentos de su hija mayor de edad y recuperar las cantidades supuestamente abonadas de forma indebida. Sin embargo, antes de interponer la demanda, su actuación se limitó al envío de un burofax solicitando el contrato de trabajo y las nóminas de la hija. Aunque el tribunal reconoce que dicho requerimiento delimitaba el objeto de la controversia, concluye que la simple comunicación formal resulta insuficiente y que la ley exige acreditar una actividad negociadora «real, previa y efectiva», guiada por la buena fe y por una genuina voluntad de alcanzar un acuerdo . La inadmisión, por tanto, descansa estrictamente en la falta de acreditación de esa negociación exigida legalmente. Y es que, en efecto, desde el 3 de abril de 2025, el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 exige haber intentado un MASC antes de acudir al orden civil, incluidos los procesos de familia y la modificación de medidas, con excepciones tasadas como las medidas del artículo 158 del Código Civil. La ley define los MASC como cualquier actividad negociadora a la que las partes acuden de buena fe para encontrar una solución extrajudicial, por sí mismas o con un tercero neutral. El propio artículo 5.1 precisa que el requisito se entiende cumplido cuando la negociación se desarrolla directamente entre las partes o entre sus abogados, bajo sus directrices y con su conformidad. La demanda debe acompañarse de la documentación que acredite el intento y su ausencia conduce a la inadmisión Antes de valorar el auto, conviene preguntarse cuál es el sentido real de exigir una negociación previa. La teoría de la negociación en materia de familia ofrece una respuesta clásica, los litigantes no negocian en el vacío, sino «a la sombra del Derecho». Un intento previo bien planteado obliga a confrontar esas expectativas jurídicas antes de acudir a los tribunales, lo que constituye el verdadero motor para resolver gran parte de los conflictos sin necesidad de sentencia. De esa lógica se derivan al menos tres funciones del requisito. La primera es informativa, el intercambio de datos reduce las asimetrías entre las partes, que en familia suelen ser acusadas. La segunda es de señalización, una propuesta razonada indica a la otra parte que la posición es seria y que hay margen real de acuerdo. La tercera es de filtro, el intento previo separa los conflictos resolubles por las partes de aquellos que necesitan al juez. Aquí está la clave del asunto. Una comunicación que se limita a informar de que se va a demandar, o a exigir algo, no cumple ninguna de las tres funciones. La obligación que impone la ley es de medios, no de resultado, es decir, nadie está obligado a pactar, pero sí a intentarlo de forma seria. Por eso la exigencia de contenido no es un añadido formalista del tribunal, sino lo que dota de sentido al requisito . Sin ella, el MASC sería simplemente un documento más en el expediente. La tutela judicial efectiva marca el límite. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea admitió que los Estados imponga
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