BUENOS AIRES – Cristina Bonavia trabaja como empleada doméstica en la ciudad de Buenos Aires y vive en Quilmes, uno de los suburbios más populosos de la capital argentina. Cada mañana, desde hace tantos años que ni siquiera puede precisarlos, toma un ómnibus que comienza el recorrido a un kilómetro de su casa. Acostumbraba a viajar sentada, pero últimamente eso se terminó. “El problema es que antes el colectivo (como llaman los argentinos a los buses) venía cada 10 minutos. Ahora pasa cada 20. Ni siquiera me sirve caminar 10 cuadras (un kilómetro) hasta la terminal, para subirme cuando arranca, porque se forman unas colas larguísimas allí. Así que me resigné. ¿Qué otra cosa puedo hacer?”, le cuenta a IPS. El transporte público de ómnibus de la ciudad de Buenos Aires ha sido siempre privado pero muy subsidiado por el Estado, y tradicionalmente ha sido tan eficiente que era usado por pasajeros de todas las clases sociales y cumplía un rol integrador. Sin embargo, su crisis actual es uno en de los aspectos en que se manifiesta el deterioro de la calidad de vida de las mayorías, que sufren deterioro del poder adquisitivo, precariedad laboral y servicios públicos cada vez peores. Desde que en diciembre de 2023 asumió el presidente ultraderechista Javier Milei, quien desdeña cualquier intervención del Estado para equilibrar la balanza a favor de quienes tienen menos, se han reducido drásticamente los subsidios que recibía el transporte público. “Estamos en el peor de los mundos: viajar en colectivo es cada vez más caro y el servicio es cada vez peor. La frecuencia es menor, las unidades están sucias y cada vez están peor mantenidas”: Luciano Fusaro. Esto no solo generó que el valor del pasaje se multiplicara varias veces, sino también hizo que hoy circulen menos colectivos por las calles del área metropolitana de Buenos Aires, donde viven más de 16 millones de personas, aproximadamente 35 % de la población argentina. Sucede que el costo de los choferes y el mantenimiento, combinados con subsidios cada vez más bajos, componen una ecuación económica que genera que los empresarios muchas veces prefieran dejar colectivos estacionados antes que sacarlos a la calle. La situación llegó a su punto crítico este año: el aumento del combustible diésel, debido a la guerra en Irán, hizo que 30 % de los colectivos fueran retirados de circulación, reveló un estudio de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La producción petrolera argentina bate récords todos los meses gracias al yacimiento no convencional de Vaca Muerta, pero eso no incide en los precios internos del combustible. “Estamos en el peor de los mundos: viajar en colectivo es cada vez más caro y el servicio es cada vez peor. La frecuencia es menor, las unidades están sucias y cada vez están peor mantenidas”, dice IPS Luciano Fusaro, presidente de la Asociación argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), una de las cámaras más importantes del sector. “De noche ya casi no hay servicios. Y los fines de semana la frecuencia es mucho menor, porque fuera de la hora de pico de los días de trabajo es cuando los empresarios más aprovechan para ajustar”, reconoce. Entre 2019 y 2023, durante el gobierno de de centroizquierda de Alberto Fernández, en Argentina hubo una inflación acumulada de casi 400 %. El precio del pasaje de colectivo, sin embargo, quedó congelado y se tornó irrisorio, gracias a subsidios estatales. La prioridad era cuidar el bolsillo de los pasajeros. Aunque los subsidios crecieron, con un alto costo fiscal, los empresarios advirtieron que no era suficiente y la actividad era cada vez menos rentable. Así, comenzaron a retirar unidades de circulación y el servicio se deterioró especialmente por la baja de pasajeros durante la pandemia de covid-19, situación de la que nunca terminó de recuperarse. El transporte automotor de pasajeros del área metropolitana mueve hoy unos 190 millones de viajes por mes, un tercio menos que en 2015
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