La reciente aprobación de la nueva ley de sometimiento a la justicia representa un giro trascendental en la manera como el Estado colombiano enfrentará a las organizaciones criminales que durante décadas han desafiado la institucionalidad, sembrado terror en los territorios y convertido la violencia en un rentable negocio. El mensaje debe ser inequívoco: la paz no puede seguir siendo una excusa para la impunidad, ni el diálogo una oportunidad para que los delincuentes fortalezcan sus estructuras y amplíen sus economías ilegales. El Congreso de la República ha dado luz verde a una herramienta que busca cerrar un capítulo de profundas frustraciones en la política de paz del Gobierno de Gustavo Petro. La denominada ‘Paz Total’, concebida como una apuesta para desactivar las distintas confrontaciones armadas del país, terminó dejando más preguntas que resultados. En varios territorios, incluyendo el Huila, los ceses al fuego y los acercamientos con organizaciones ilegales no se tradujeron en tranquilidad para las comunidades. Por el contrario, persistieron las extorsiones, los homicidios, los desplazamientos, los reclutamientos de menores y los ataques contra la Fuerza Pública. Colombia no puede continuar atrapada en un modelo en el que los grupos armados reciben oportunidades sucesivas de negociación mientras las comunidades siguen padeciendo sus intimidaciones. La experiencia ha demostrado que no basta con abrir espacios de conversación: se necesitan voluntad real de abandonar las armas, compromisos verificables y consecuencias contundentes para quienes pretendan utilizar los beneficios del Estado como una estrategia para ganar tiempo, reorganizarse y consolidar su poder criminal. La nueva legislación plantea precisamente un cambio de enfoque. Las organizaciones que persisten en actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de personas y otras economías criminales deben entender que no pueden reclamar un tratamiento político mientras utilizan la violencia para proteger sus negocios. Sus actuaciones deben tener consecuencias judiciales y el Estado debe contar con instrumentos eficaces para lograr su sometimiento, desarticulación y desmantelamiento. Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es impedir que los beneficios jurídicos se conviertan en una puerta giratoria para quienes incumplen sus compromisos. No resulta admisible que un cabecilla se acerque a la institucionalidad, obtenga condiciones favorables, recupere su libertad de acción y posteriormente vuelva a las armas como si nada hubiera ocurrido. También será fundamental que el Gobierno acompañe esta nueva estrategia con una presencia integral del Estado en las regiones. No basta con recuperar militarmente un territorio si después las comunidades continúan sin vías, educación, salud, oportunidades de empleo y acceso a la justicia. En departamentos como el Huila, donde las amenazas de las disidencias, la extorsión, los atentados con explosivos y el uso de drones para atacar a la Fuerza Pública han encendido nuevamente las alarmas, la aplicación de esta política tendrá una importancia especial. La institucionalidad debe recuperar el control y garantizar que ningún grupo ilegal tenga la capacidad de someter a la población mediante el miedo. La aprobación de la ley es apenas el primer paso. Ahora corresponde al Gobierno Nacional demostrar que cuenta con la determinación, la capacidad operativa y la coordinación institucional necesarias para hacerla efectiva. Felipe Olave Blackburn Presidente Consejo Editorial Claudia Marcela Medina García Presidenta Jesús Antonio Rojas Serrano Editor General COMUNICACIONES OLAVE S.A.S. La calidad de esta edición se debe al trabajo de los departamentos de Comercial, Prensa, Arte, Producción, Administración y Distribución de La Nación. Grupo informativo La Nación Neiva, Huila, Calle 11 # 5 - 82 Línea de servicio al cliente PQR 3113858928 Línea de ventas 3175152641 Oficina Bogotá 3156167658 Contactano
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