En la COP31, la necesidad de financiación climática sin deuda es crucial. Los países ricos deben aportar recursos accesibles, no préstamos que empeoren la vulnerabilidad de naciones afectadas por desastres climáticos. La discusión es urgente: hospitales sin preparación, falta de alertas y viviendas reconstruidas. Los préstamos no son donaciones, y su utilidad depende de intereses y capacidad de devolución. Las subvenciones son esenciales para proteger vidas, especialmente en países con escaso margen presupuestario. El PNUMA estima que se necesitan unos 305.000 millones de dólares anuales para adaptación en 2035, frente a flujos públicos internacionales de entre 28.200 y 31.700 millones en 2024. La insuficiencia de recursos es evidente: la primera ronda del fondo de pérdidas y daños recibió solicitudes por 2.800 millones de dólares, frente a una dotación inicial de 342 millones, según el PNUMA. Las peticiones superaron en más de ocho veces los recursos previstos. Crear fondos sin dotarlos suficientemente administra la escasez; no garantiza justicia climática. Los gobiernos deben responder con transparencia y compromisos verificables.
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