El diputado de Coalición por Melilla (CPM), Emilio Guerra, ha cuestionado las condiciones económicas y laborales del encargo a Tragsatec para gestionar durante los próximos dos años el Centro Educativo y Residencial de La Purísima, aprobado este viernes por el Pleno de la Asamblea por un importe de 18,4 millones de euros. La formación cepemista optó por la abstención, una decisión que Guerra ha justificado por responsabilidad tanto con los menores acogidos como con los trabajadores del centro. Según ha explicado, CPM no ha querido poner en riesgo la atención a los menores ni los puestos de trabajo de la plantilla, pero tampoco respaldar un expediente cuyas previsiones económicas y de personal considera que no se corresponden con la realidad del centro. Guerra ha centrado buena parte de sus críticas en las diferencias que, según sostiene, aparecen en la documentación del expediente. El presupuesto elaborado por Tragsatec contempla 36.500 manutenciones anuales, equivalentes a cien menores diarios, y una plantilla de 74 auxiliares educativos. Sin embargo, el informe de la Dirección General del Menor incluido en el mismo expediente cifra en 286 los menores acogidos en unas instalaciones con capacidad para 120 plazas. A esta discrepancia se suma la situación laboral. El pliego establece la subrogación de 172 trabajadores, de los que 108 son cuidadores, mientras que el presupuesto contempla únicamente 139 puestos de trabajo. Guerra ha advertido que con esos números, o la atención se deteriora, o el encargo tendrá que ampliarse. Además, ha denunciado que el coste de la estructura propia de Tragsatec, los gastos generales y los costes indirectos, se acercan al millón de euros anual, afectando incluso a las partidas destinadas a alimentación y vestuario de los menores. Solo estas compras soportarían unos 170.000 euros anuales de sobrecoste. Guerra ha reclamado que cualquier ampliación del encargo tenga que regresar al Pleno de la Asamblea.
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