La Unión Europea ha propuesto aplazar los controles de metano tras las presiones de países exportadores y gobiernos europeos. El Consejo invoca la seguridad energética mientras más de 50 organizaciones ambientales rechazan que el retraso abarate la energía. La UE propone aplazar los controles de metano mientras se prepara para negociar unas nuevas medidas climáticas en la COP31 que acaba de comenzar. El Consejo ha respaldado que se retrase durante 1 año determinadas obligaciones que eran aplicables al petróleo, al carbón y al gas, lo que constituye una decisión que pone en duda la coherencia ambiental del viejo continente. Los gobiernos europeos justifican este movimiento por las tensiones energéticas que se derivan del conflicto en Oriente Próximo. Más de 50 organizaciones ecologistas cuestionan que la demora vaya a mejorar el suministro o redunde en la reducción de los precios. El aplazamiento todavía no está definitivamente aprobado, ya que el Parlamento Europeo debe negociar el texto completo. Lo acordado por los Estados miembros es su posición para esa negociación, no una modificación ya vigente. El Consejo quiere trasladar del 1 de enero de 2027 al 1 de enero de 2028 determinadas obligaciones en cuanto al seguimiento, la notificación y la verificación para los importadores de combustibles fósiles de la UE. También propone que se retrase la información sobre la intensidad de metano hasta el 5 de agosto de 2029 y que los límites máximos se mantengan hasta el 5 de agosto de 2031. Estas últimas disposiciones afectan directamente a los importadores y a los productores europeos. La distinción importa: no se suspenden todas las medidas contra el metano, pero sí se plantea posponer obligaciones concretas de transparencia y limitación. Mantener los objetivos mientras se retrasa su aplicación también tiene consecuencias para la credibilidad regulatoria. Estados Unidos y Catar habían reclamado revisar el reglamento, mientras varios gobiernos europeos solicitaban retrasos. El Consejo defiende que la modificación evitaría añadir presión al abastecimiento en un mercado tensionado. Varias organizaciones ambientales como Greenpeace y/o Amigas de la Tierra rechazan de forma terminante ese argumento y sostienen que el aplazamiento no mejorará la seguridad energética ni abaratará los combustibles. La Comisión mantiene que su propuesta conservará la ambición climática. La UE propone aplazar los controles de metano, pero los beneficios anunciados deberán ser demostrados. Los responsables políticos tienen que explicar qué dificultades les impiden cumplir, cómo se resolverán estas situaciones y qué garantías hay de que evitarán convertir la excepcionalidad en una demora recurrente. Antes del 30 de septiembre de 2027, la Comisión Europea deberá realizar una evaluación para conocer si existen los mecanismos adecuados y suficientes verificadores independientes como para intercambiar la información necesaria entre productores e importadores. Si faltan elementos, la posición del Consejo prevé otro aplazamiento de las obligaciones de seguimiento vinculadas a las importaciones mediante normativa secundaria. Es evidente que la propuesta ya incorpora una posibilidad de retraso adicional. La UE propone aplazar los controles de metano y debe explicar por qué está dejando esa puerta abierta a la continuidad de los combustibles fósiles. Preparar verificadores y procedimientos exige adjudicar recursos y una buena ejecución administrativa; señalar su ausencia sin resolverla prolongaría el problema utilizado para justificar la prórroga. El servicio de investigación del Parlamento Europeo ha situado el potencial de calentamiento del metano en 82,5 veces el del CO₂ durante veinte años, comparando cantidades equivalentes en cuanto a masa. Reducirlo ofrece una oportunidad especialmente importante para limitar el calentamiento global a corto plazo. Retrasar las obligaciones no equivale automáticamente a aumentar emisiones en una cantidad conocida, pero sí pospone herramientas clave para lograr la reducción de emisiones. #Fuente: ECOticias
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