Hoy, la vigilancia ha cambiado. Los delincuentes ahora pueden trabajar desde casa, gracias a los sistemas de seguridad expuestos. Las cámaras que debían protegernos ahora facilitan el delito. Un análisis revela vulnerabilidades en sistemas de vigilancia en todo Brasil. En octubre, reportajes de Artur Rodrigues en UOL expusieron fallas que permitían acceder a más de 58 mil cámaras del Smart Sampa, incluyendo creches, escuelas y unidades de salud. Un repositorio público exponía 181 logins y contraseñas y datos de más de 6 mil agentes. Además, otra brecha: 17 mil cámaras de socios privados podían ser observadas sin login ni contraseña. Bastaba con el enlace. Especialistas describen un mercado creciente de contraseñas de cámaras, abastecido por programas que roban credenciales de computadoras y celulares. Una de las empresas dice que la exigencia de autenticación en dos factores se está adoptando gradualmente. El crimen no espera el cronograma de implementación. Imagine ahora colocar una IA para ayudar a identificar objetivos en estas bases de datos. Es importante resaltar que nuestra imagen es un dato personal. Si decides atropelar tu privacidad conscientemente, está bien, es tu derecho. Lo que no pueden es hacerlo por ti. La Ley General de Protección de Datos obliga a quienes recolectan estas informaciones a adoptar medidas de seguridad que impidan accesos no autorizados. Cuando la lente apunta hacia niños y adolescentes, la LGPD exige que todo se haga en el mejor interés de ellos, y el Estatuto de la Criança y del Adolescente garantiza la preservación de su imagen e integridad. Una creche transmitida para cualquiera con la contraseña correcta, o sin contraseña alguna, es lo opuesto a esto. Es entregar de bandeja la rutina de niños pequeños a quien quiera observar. Después de los reportajes, la prefectura cambió contraseñas, impuso autenticación multifactor, adoptó reconocimiento facial para el acceso y reemplazó la coordinación de tecnología del programa. No hizo más que su obligación. Pero seguridad que solo aparece después de que la prensa bate a la puerta no es política pública, sino control de daños. El problema es de fondo. Brasil aceptó una mala barganha: abrió mano de la privacidad a cambio de una sensación cuestionable de seguridad. Llevó ojos electrónicos a las calles, escuelas y hospitales porque eso rinde, discurso fácil y voto, de candidato a cargo público a aspirante a síndico. Nadie preguntó quién guarda las llaves, quién fiscaliza y quién responde cuando ellas se filtran. Resultado: pagamos con nuestra intimidad y llevamos a casa un producto con defecto. No estamos necesariamente más seguros, pero nos quedamos más expuestos. Y la cuenta llega primero para quien menos puede defenderse. La vigilancia sin protección no es seguridad. Es solo una manera más moderna de facilitar el servicio del bandido.
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