El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo para reforzar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España. La medida aprobada el 3 de noviembre exige a los ayuntamientos con ZBE aplicar un régimen sancionador efectivo a los coches sin etiqueta, sin permitir moratorias ni periodos transitorios. Esta normativa afecta a municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y localidades de más de 20.000 con mala calidad del aire. Los ayuntamientos tendrán que acreditar que cumplen con las restricciones y que los sistemas de control de accesos funcionan. La medida incluye tres exigencias concretas: comunicar formalmente la entrada en vigor de las restricciones, aplicar sistemas de control y monitorización, e incluir el régimen sancionador en la ordenanza municipal. Las sanciones por incumplir las restricciones son de 200 euros, reduciéndose a 100 euros si se abonan con pronto pago. La multa la impone el ayuntamiento, no la DGT. La medida busca asegurar que las ZBE sean efectivas y que realmente se reduzca la contaminación en las ciudades.
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