En Valencia, una familia compuesta por Rudolf, su esposa, dos hijas menores y su madre mayor enferma, fue desahuciada de su vivienda en el barrio de la Malvarrosa. A pesar de contar con dos informes de vulnerabilidad emitidos por Servicios Sociales, que deberían haber impedido el desahucio según el Decreto Ley, la ejecución se llevó a cabo. El Sindicat d'Habitatge había convocado una concentración para tratar de detener el desahucio, el cual había sido pospuesto en dos ocasiones previas. Sin embargo, finalmente fue ejecutado. El portavoz del Sindicat, Esteban Arellano, lamentó que el juez solo les diera cuatro días para gestionar alternativas habitacionales, algo que consideró insuficiente. La familia ahora se enfrenta a la incertidumbre de no tener un lugar donde vivir, y solo pueden esperar una alternativa de albergue temporal.
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