El Gobierno ha aprobado un real decreto para transformar la alimentación en hospitales, centros residenciales, escuelas infantiles y otros espacios públicos. La nueva regulación busca mejorar la calidad nutricional de los menús, reducir la presencia de productos ultraprocesados y fomentar una dieta más saludable y sostenible, con especial atención a la alimentación de niños y personas mayores. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, limita los alimentos precocinados, las frituras y aquellos productos con elevadas cantidades de grasas saturadas, azúcares o sal añadida. En concreto, los platos precocinados no podrán superar las tres raciones mensuales en hospitales y centros residenciales. La restricción será todavía mayor en la alimentación infantil: los menores hospitalizados y los niños de las escuelas infantiles de 0 a 3 años tendrán un máximo de una ración al mes. Por su parte, las frituras quedarán limitadas a dos raciones semanales. La normativa también pone el foco en la incorporación de productos frescos y de temporada. Así, al menos el 90% de las frutas y el 30% de las hortalizas deberán cumplir estas características, mientras que un mínimo del 10% tendrá que proceder de circuitos cortos de distribución. Los menús deberán incluir diariamente frutas y hortalizas, además de reforzar la presencia de legumbres, pescado y cereales integrales. En este sentido, se establece un mínimo de dos raciones semanales de pescado como plato principal en los menús diarios y una mayor presencia de proteínas vegetales. Otro de los objetivos es impulsar la producción ecológica. Para ello, al menos el 25% del coste total de adquisición de los alimentos deberá corresponder a productos ecológicos, aunque durante los cuatro primeros años de aplicación se permitirá un porcentaje mínimo del 10% para facilitar la adaptación. La nueva regulación también introduce cambios en las máquinas expendedoras instaladas en estos espacios. A partir de ahora, deberán ofrecer al menos un 70% de productos saludables, que además tendrán que ocupar las filas centrales y las zonas de mayor visibilidad. También se limitará la presencia de bebidas azucaradas y energéticas, mientras que las máquinas de café deberán dispensar por defecto bebidas sin azúcar añadido. A estas medidas se suma la obligación de instalar fuentes de agua potable gratuita y señalizada, así como iniciativas para reducir el desperdicio alimentario y el uso de envases de plástico. Por último, los menús deberán contar con la supervisión de profesionales acreditados en nutrición humana y dietética y adaptarse tanto a los diferentes grupos de edad como a las necesidades específicas de cada usuario, incluidas las relacionadas con motivos de salud, éticos o religiosos. La norma contempla además la implantación de cribados nutricionales en hospitales y residencias para detectar posibles situaciones de desnutrición.
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