La estrategia presupuestaria del gobierno francés genera incertidumbre en el sector del alojamiento. Por un lado, se eliminan programas de ayuda para la renovación energética destinados a los hogares más vulnerables. Por otro lado, se propone atacar el estatus fiscal de los arrendadores no profesionales. Expertos y políticos han expresado su descontento con estas decisiones, argumentando que perjudican tanto a los más necesitados como a los propietarios de viviendas de alquiler. El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, ha justificado estas medidas en nombre de la equidad fiscal, aunque muchos consideran que estas acciones son injustas y poco claras.
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