El Gobierno anunció un nuevo apoyo a la compra de autos eléctricos destinado a familias vulnerables, en un programa que debe avanzar a principios de 2027 y que podría abarcar cerca de 1,5 millones de hogares. La medida, integrada en el Plan Social para el Clima, aún no tiene los contornos definitivamente cerrados y depende de la aprobación final de la Comisión Europea. Aunque reconocen la importancia de la transición energética, economistas y representantes del sector automovilístico manifiestan algunas reservas sobre el alcance social del incentivo, la capacidad financiera de las familias para soportar los costos de adquisición y uso de los vehículos y el número de beneficiarios que efectivamente recibirán el apoyo. Los beneficiarios de la tarifa social de energía eléctrica serán automáticamente elegibles, abarcando alrededor de 780 mil familias. También se incluirán consumidores cuyo ingreso sea 80% inferior a la mediana, es decir, con un ingreso anual neto de 11.572 euros por adulto. Además de las familias consideradas vulnerables, el plan contempla apoyos para flotas de microempresas. El incentivo podrá compartir entre el 70% y el 90% del precio de adquisición de un automóvil eléctrico, sin IVA, hasta el límite de 15 mil euros. A este monto se le puede añadir un apoyo de mil euros mediante el desguace de un vehículo antiguo. Paulo Monteiro Rosa, economista del banco Carregosa, reconoce el mérito de la iniciativa, considerando que facilitar el acceso a la movilidad eléctrica para los hogares con menores ingresos es particularmente relevante en territorios donde la oferta de transporte público no responde a las necesidades de la población. Destaca también los beneficios ambientales de la medida, a saber, la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, lanza una advertencia: «Es importante distinguir la necesidad de movilidad de la capacidad financiera para comprar y mantener un automóvil». Esta es, de hecho, una de las principales cuestiones que suscitan dudas sobre la eficacia del programa. Incluso con comparticipaciones elevadas, una parte del precio seguirá teniendo que ser soportada por los beneficiarios, que tendrán que asegurar gastos como el seguro, el mantenimiento y la recarga. «Incluso con comparticipaciones elevadas, muchas familias pueden no tener los recursos financieros necesarios para soportar la parte restante de la inversión», observa Paulo Monteiro Rosa. El economista presenta algunos ejemplos: «Los automóviles eléctricos nuevos más baratos difícilmente cuestan menos de 17 mil euros, ya con IVA, siendo que la mayoría de los modelos supera los 20 mil euros». En un vehículo de 17 mil euros, una comparticipación del 80% del precio sin IVA correspondería a unos 11 mil euros, dejando aproximadamente seis mil euros a cargo de la familia. En su opinión, esta diferencia podría constituir un obstáculo significativo para los hogares con mayores dificultades económicas. «A estos seis mil euros se suman los costos asociados al uso del vehículo, que pueden hacer que la compra sea inasequible para familias con ingresos reducidos. El problema puede ser aún más evidente en los casos en que no existe posibilidad de cargar el automóvil en casa, obligando a los propietarios a recurrir a estaciones públicas o privadas». También el número de vehículos cubiertos suscita reservas al economista. El programa debe financiar la adquisición de 5.500 automóviles eléctricos, un universo que representa solo el 0,37% de los aproximadamente 1,5 millones de hogares potencialmente elegibles. Paulo Monteiro Rosa considera, por lo tanto, que existe el riesgo de que el apoyo, aunque destinado a las familias económicamente más vulnerables, acabe beneficiando sobre todo a aquellas que, dentro de ese universo, disponen de mayor capacidad financiera.
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