Gracias al uso de inteligencia artificial y fotografías aéreas, la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) está ahora apuntando a las extensiones de las casas, pérgolas y cobertizos de jardín cuya existencia no ha sido declarada por los contribuyentes. La atención se centra en estructuras cerradas y cubiertas de entre 10 y 15 metros cuadrados, que pueden constituir habitaciones anexas y modificar el valor locativo del bien. Las instalaciones de menos de 5 metros cuadrados o de una altura inferior a 1,80 metros están automáticamente exentas de la tasa de urbanismo, pero las superficies superiores deben ser declaradas. Los cobertizos de menos de 20 metros cuadrados pueden escapar de la tasa, pero solo si el municipio ha votado una exención específica. Las terrazas, cenadores y pérgolas abiertas permanecen fuera del ámbito de la tributación. El envío de cartas de regularización a menudo sorprende a los particulares, atrapados por la complejidad del cálculo. La tasa de urbanismo no es un gravamen bruto, sino el producto de una base legal (892 euros el metro cuadrado fuera de la Isla de Francia, 1.011 euros en la región de Île-de-France, o 251 euros por metro cuadrado de piscina) multiplicado por los tipos votados localmente por el municipio y el departamento. Una factura que a veces se agrava con la tasa de arqueología preventiva cuando la obra ha tocado el subsuelo. Ante estos controles reforzados, la vigilancia es necesaria: los propietarios disponen de un plazo estricto de 90 días después de la finalización de las obras para declarar sus instalaciones a través del espacio en línea del fisco. Omitir esta formalidad no solo expone a un ajuste fiscal, sino que también priva al hogar de la exención temporal de dos años del impuesto sobre bienes inmuebles concedido a las construcciones nuevas.
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