En la COP31, Turquía ha presentado una serie de propuestas verdes que buscan impulsar la electrificación y la protección costera. Sin embargo, el carácter voluntario de estas propuestas abre una grieta inaceptable, ya que adherirse no equivale a cumplir. La flexibilidad en la elección de acciones y calendarios exige una vigilancia constante para evitar el greenwashing. Turquía plantea electrificar la economía, contener la huella ambiental de la inteligencia artificial y recuperar ecosistemas costeros. Son avances necesarios, pero su credibilidad dependerá de las inversiones ejecutadas, las emisiones reducidas y que haya resultados comprobables. La cumbre de Antalya, que se está celebrando en la localidad turca a partir de hoy y hasta el 20 de noviembre, separa las negociaciones entre Estados de esta agenda de adhesión voluntaria. Confundir ambas vías haría que iniciativas prometedoras acabasen siendo propaganda 'verde' sobre compromisos que todavía deberían materializarse. La presidencia turca, con el apoyo australiano, presentó entre las propuestas de la COP31 que la electricidad cubra el 35% del consumo final mundial de energía en 2035, frente a algo más del 20% que es la cifra actual. El transporte, los edificios y la industria concentran esa transformación. Cada participante decidirá cuáles serán sus políticas y a qué ritmo las aplicará. Electrificar puede desplazar a los combustibles fósiles, pero exige que haya generación limpia, más redes y mejor almacenamiento. Sin esos recursos, anunciar unos determinados objetivos mientras persiste la dependencia contaminante sería un completo absurdo. Los países en desarrollo necesitan que se les brinde financiación accesible para ejecutar las obras. La agenda también plantea multiplicar por doce la energía geotérmica en 2050, respecto a 2025, y reducir un 25% la intensidad energética operativa de los edificios para 2035, frente a 2020. Esta última meta mide energía por superficie: no garantiza por sí sola una caída equivalente del consumo total. Las propuestas de la COP31 deberán demostrar su impacto real. El Compromiso de Antalya promueve una electricidad de emisiones nulas o bajas, una mayor eficiencia, el reciclaje de los equipos y la divulgación de los impactos. Sin embargo, permite seleccionar las medidas y fijar los porcentajes y fechas propios. Esa discrecionalidad facilita que se asuman compromisos difíciles de comparar. Las líneas rojas deberían ser muy claras: publicar el consumo eléctrico, el uso del agua, las emisiones y el destino de los equipos. Sería inaceptable presentar mejoras de eficiencia energética como prueba suficiente de sostenibilidad mientras aumenta la presión sobre recursos y redes. Las propuestas de la COP31 también buscan recortar a la mitad el aumento previsto en cuanto a los residuos municipales para 2035. Ello no significa reducir a la mitad la basura existente, sino que separar la materia orgánica y compostarla ayudaría a contener el metano; por lo que maquillar el alcance del objetivo sería caer en el ecopostureo. La agenda plantea recuperar para 2035 al menos el 20% de las costas degradadas que están consideradas prioritarias y extender las alertas a toda la población expuesta. Las dunas y praderas marinas aportarían protección natural frente a temporales e inundaciones. Una plataforma contra la basura marina permitirá registrar proyectos y buscar apoyo. La iniciativa Bridge facilitará preparar actuaciones financiables, pero no creará nuevos fondos. Coordinar clima, biodiversidad y suelo puede evitar duplicidades; sigue pendiente concretar quién paga y cuánto. El dato demoledor llega desde la Agencia Internacional de la Energía: proyecta que los centros de datos pasarán de consumir 485 TWh en 2025 a unos 950 TWh en 2030, casi el doble. Esa cifra implica a todos los centros de datos, no únicamente a los que están dedicados a la IA.
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