Hoy, España vive una jornada de protesta laboral que no logra movilizar a la ciudadanía. Las centrales sindicales CCOO y UGT enfrentan un rechazo masivo. La ciudadanía muestra su descontento ante el uso político de las movilizaciones. Una encuesta revela que el 48,8% rechaza la huelga. Las organizaciones sindicales enfrentan una crisis de credibilidad y representación. Organizaciones sindicales como USO y CSIF han anunciado que no participarán en las movilizaciones. La fragmentación de las protestas evidencia el carácter estrictamente partidista de una iniciativa diseñada para agitar los ánimos en beneficio exclusivo del actual presidente. El nerviosismo en los despachos de los líderes sindicales resulta evidente al analizar la evolución de sus discursos en los medios de comunicación. En los días previos a la convocatoria, los portavoces de las centrales estatales aseguraban que la jornada de paro cosecharía un seguimiento masivo. Sin embargo, el temor a unas calles vacías modificó radicalmente su lenguaje de cara a la opinión pública. Ahora el discurso oficial rebaja las expectativas y los propios dirigentes prevén un impacto asimétrico y desigual. Este cambio terminológico constituye una admisión implícita de debilidad, traduciéndose en que la movilización será minoritaria y quedará reducida a zonas geográficas muy específicas donde el control clientelar de estas organizaciones todavía conserva cierta fuerza coercitiva. La persistencia de UGT y CCOO en mantener una huelga vacía de contenido laboral pero cargada de intencionalidad electoral encuentra su explicación en el plano financiero. Ambas organizaciones actúan motivadas por la supervivencia de sus propias estructuras burocráticas y sus privilegios económicos. El verdadero motivo de la movilización general es nítido: UGT y CCOO se juegan 150 millones en subvenciones si cae Sánchez. Las centrales sindicales mayoritarias necesitan activar las protestas el 11-M para calentar el patio político en un intento desesperado por evitar que el actual presidente pierda el poder en las urnas el 29 de noviembre.
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