La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá el Real Decreto del Gobierno central que regula los centros de procesamiento de datos (CPD), al considerar que las nuevas exigencias pueden dificultar la llegada de nuevas inversiones y generar inseguridad jurídica para las empresas del sector. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha señalado que las exigencias estatales pueden desviar inversiones hacia otros países europeos, como Francia o Portugal, y poner en peligro la posición de Madrid como una de las grandes capitales digitales de Europa. El anuncio del recurso coincide con el comienzo de las obras del centro de procesamiento de datos MAD01, promovido por la multinacional Goodman en el distrito de San Blas-Canillejas, con una inversión inicial de 200 millones de euros. La Comunidad de Madrid sostiene que la normativa invade competencias autonómicas, vulnera la legislación europea e impone requisitos y sanciones inasumibles para las empresas. La región cuenta actualmente con 59 instalaciones de CPD, de las cuales 40 están en funcionamiento y otras 19 se encuentran en construcción. Además, hay una cartera de más de 45 nuevos proyectos, que podrían alcanzar una potencia conjunta superior a los 3.467 megavatios (MW) y generar más de 17.000 puestos de trabajo. Los centros de datos son infraestructuras esenciales para almacenar y procesar la información que utilizan empresas, administraciones y numerosos servicios digitales. Su expansión, sin embargo, también plantea retos relacionados con el consumo energético y de agua. La Comunidad de Madrid defiende que el crecimiento de este sector puede compatibilizarse con la protección del medio ambiente.
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