Silencio y represalias en Transportes

Fuente: La Voz de Galicia · politica · Galicia, España

Silencio y represalias en Transportes

Resulta alarmante constatar la coincidencia estructural en la gestión de la seguridad dentro de los entes públicos dependientes del Ministerio de Transportes. Mientras la opinión pública asiste al debate sobre si el temor a las represalias paraliza la denuncia de riesgos en ADIF y Renfe —inevitable tras las tragedias de Angrois, Adamuz y, más recientemente, la catástrofe de Urda—, es necesario visibilizar que este modus operandi se repite de forma sutil pero sistémica en otros organismos del mismo ministerio. Conozco esta realidad de represalia institucional por experiencia propia. Fui nombrado capitán del buque de salvamento Punta Salinas, perteneciente a la entidad pública Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), adscrita a dicho ministerio. Durante mi mandato, el buque presentaba graves riesgos de seguridad desatendidos durante años: carecía de central contraincendios, el pañol de productos químicos acumulaba serios riesgos de ignición, y el bote de rescate mostraba fallos críticos en su sistema de arriado. Tras emitir múltiples partes de no conformidad y requerimientos que la dirección ignoró sistemáticamente durante más de un año, decidí interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo, la cual constató las deficiencias y levantó un acta de infracción contra Sasemar. La respuesta de la cúpula directiva ante mi legítimo ejercicio de salvaguarda laboral y operativa fue fulminante: a los quince días de iniciarse la actuación inspectora fui convocado de urgencia en Madrid. Allí, completamente solo ante la dirección de la entidad, se me notificó mi cese inmediato alegando solo una abstracta «pérdida de confianza», junto con un traslado forzoso a la otra punta del Estado y mi degradación a primer oficial en otro buque. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acabó dictando una sentencia que restituyó mis derechos y evidenció la arbitrariedad de la medida, quedando demostrada la represalia con la que actuaron estos directivos de un ente público del Ministerio de Transportes ante una denuncia que demostraba graves riesgos para la seguridad de las personas a bordo. La Inspección de Trabajo acabó abriendo dos actas de infracción a Sasemar. En la actualidad, los directivos responsables están investigados en una causa penal tras la presentación previa de una denuncia por mi parte, y aún con todo continúan en sus puestos ejerciendo responsabilidades públicas en la actualidad. Preocupa que el problema de fondo persista. Mientras el silencio y la sumisión sigan operando como las principales garantías para conservar un cargo en el Ministerio de Transportes, la seguridad de las infraestructuras y de las vidas humanas continuará gravemente comprometida.

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