Una mujer víctima de violencia machista que abandonó su hogar por las amenazas de su expareja se enfrenta a una negativa por parte de la abogacía del Estado para desgravarse 12.000 euros en la compra de una nueva vivienda. A pesar de haber vendido su antigua residencia debido a las agresiones recibidas, se le ha denegado la deducción fiscal. La abogacía del Estado argumenta que no se cumple el requisito de haber vivido tres años en la vivienda anterior, una excepción que no está contemplada específicamente en la ley. Este rechazo evidencia una brecha en la normativa que podría dejar desprotegidas a otras víctimas de violencia de género en situaciones similares. La situación subraya la necesidad de revisar y adaptar las leyes para proteger adecuadamente a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares por motivos de seguridad. Fuente: Levante-EMV
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