En un cambio significativo en la práctica legal, los fiscales federales en el oeste de Washington han dejado de defender muchos casos presentados por detenidos de ICE que buscan su liberación. La oficina del Fiscal de los Estados Unidos confirmó este cambio. El Fiscal Interino Charles Neil Floyd comunicó en una carta del 26 de octubre al Juez Principal David Estudillo que el tribunal ya no puede responder a las docenas de peticiones de habeas corpus presentadas cada semana. Una petición de habeas corpus solicita que un juez federal decida si el gobierno está reteniendo a alguien legalmente. Bajo el arreglo descrito por Floyd, si ningún abogado del gobierno se presenta dentro de los siete días posteriores a una orden de programación, un juez puede tratar la petición como no opuesta y dictaminar sobre los documentos del detenido solo. Además, el tribunal puede enviar órdenes de liberación directamente a la instalación de ICE en Tacoma. Esto ya ha sucedido. La jueza Tiffany Cartwright, también nombrada por Biden, dictaminó el sábado que la petición de Baljit Singh, un solicitante de asilo de India, era 'intencionalmente no opuesta' y ordenó su liberación dentro de un día. Cartwright escribió que no conocía ningún precedente para que el Departamento de Justicia usara su discreción de esta manera. La respuesta del gobierno en el caso de Singh no estaba programada hasta el 12 de noviembre. La jueza Kymberly Evanson, también nombrada por Biden, concedió una petición no opuesta en Seattle el mismo fin de semana. El gobierno tuvo acceso completo a los hechos y no ofreció ninguna base para refutar la petición, y al ausentarse del caso, renunció a cualquier argumento que pudiera haber planteado. Un rastreador de ProPublica pone el total del distrito cerca de 2,000 desde enero de 2025 y el recuento nacional por encima de 93,000 en el mismo período. El jefe de la frontera Tom Homan ha estimado la cifra nacional en aproximadamente 85,000. La carga de trabajo comenzó con un memorando de ICE de julio de 2025. Alguien capturado años después de cruzar ilegalmente ahora se maneja como un nuevo ingreso detenido en la frontera, lo que cierra cualquier solicitud de fianza a un juez de inmigración. Los detenidos que querían salir se quedaron con la corte federal. La mayoría de los tribunales de apelaciones federales que han llegado a la cuestión han dictaminado que mantener a inmigrantes sin audiencia de fianza va en contra de la ley federal. Los Circuitos Quinto y Octavo se quedaron del lado de la administración. La Corte Suprema acordó resolver la división en octubre.
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