El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, junto con la vicealcaldesa Inma Sanz, está ultimando los detalles de una demanda contra el exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, por permitir la acampada en la Puerta del Sol. La acción judicial busca responsabilizarlo por los daños ocasionados a la ciudad y a los comerciantes. Almeida ha señalado que la demanda tiene que ser lo suficientemente seria y consistente para que Martín pague por lo que le hizo a Madrid. Además, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también prepara una querella por presunto delito de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos durante la acampada. La Comunidad de Madrid también iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar los gastos ocasionados por la acampada ilegal, que se desalojó el 3 de noviembre tras 38 días. Las pérdidas en los comercios de la zona superan los 30 millones de euros, y Metro registró una disminución de 494.000 viajeros, con un coste económico superior a los 750.000 euros.
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