La Corte Constitucional de Colombia ha dado luz verde a la emergencia económica declarada por el Gobierno tras el terremoto del 10 de agosto, pero estableció condiciones específicas para su uso. La Sala Plena tomó la decisión por unanimidad, excepto un voto en contra. La principal restricción es que los recursos extraordinarios no pueden utilizarse para cubrir el déficit fiscal ni para atender la crisis de las cárceles, problemas que existían antes de la tragedia. En cambio, el objetivo es que cada peso recaudado se dirija a las comunidades afectadas por el sismo. Además, el tribunal impuso al Gobierno tres tareas: delimitar los municipios beneficiados, recalcular el costo total de la emergencia y garantizar mecanismos de control para la vigilancia de los fondos. Con esta decisión, el Gobierno conserva la herramienta jurídica para responder a la catástrofe, pero deberá ajustar el alcance territorial y fiscal de la medida. Las cuentas presentadas al declarar la emergencia deberán revisarse de acuerdo con las condiciones fijadas por el alto tribunal.
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