Greenpeace ha presentado un Contrato Social Verde con propuestas ambiciosas para el 29 de noviembre. Este documento reúne las iniciativas de la organización para abordar la degradación ambiental, la precariedad cotidiana y la dependencia de combustibles fósiles. Entre las propuestas se encuentran la vivienda digna, la energía renovable, el transporte público y una reforma tributaria que haga pagar y reparar a quienes contaminan. Greenpeace defiende una vivienda accesible, eficiente y preparada frente a fenómenos extremos, cuestionando un modelo que convierte las necesidades esenciales en oportunidades de negocio para una minoría. La propuesta energética apuesta por las renovables, la eficiencia y la suficiencia, con autoconsumo compartido, comunidades energéticas y redes inteligentes. Además, reclama una reforma tributaria basada en 'quien contamina paga y repara', aumentando la contribución de grandes corporaciones contaminantes y fortunas, y eliminando subvenciones que favorezcan daños ambientales o dependencia fósil. En el medio rural, Greenpeace apoya la agricultura familiar, la agroecología y la ganadería extensiva, con una meta del 100 % de producción ecológica en 2050. También defiende la pesca artesanal, el relevo generacional y la compra pública sostenible. El agua ocupa otro frente decisivo: la gestión pública, un mínimo vital gratuito, el cierre de pozos ilegales y una agricultura ajustada a los recursos disponibles son las bases de la gestión hídrica que proponen. Combatir el robo de agua exige actuar sobre las extracciones ilícitas y los usos, además de restaurar los acuíferos y recuperar los ecosistemas. Greenpeace propone una Agencia Estatal de Emergencias Ambientales, refugios climáticos públicos y estándares laborales obligatorios frente al calor. El Contrato Social Verde sitúa la prevención como una responsabilidad pública ante riesgos que pueden desembocar en tragedia. En movilidad, plantea transporte público seguro e inclusivo, abono único, electrificación y mejores conexiones ferroviarias. Son propuestas que deberán concretarse en financiación, cobertura territorial y servicios fiables para evitar que la falta de alternativas profundice la exclusión. La organización también reclama participación ciudadana, control democrático de las grandes tecnológicas y protección de las normas ambientales. La rendición de cuentas debe acompañar cualquier transformación: el éxito se comprobará en derechos garantizados, emisiones reducidas y ecosistemas conservados.
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