El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, una figura permanente adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Su función principal será coordinar la atención a los afectados y sus familiares a medio y largo plazo, garantizando el seguimiento una vez desmontados los dispositivos de emergencia. El nuevo comisionado contará con rango de subsecretario y tendrá capacidad para requerir información oficial, supervisar compromisos y coordinar a los diferentes organismos implicados. La estructura de este órgano se articulará a través de una Oficina del Defensor con rango de Dirección General, de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas, además de un Gabinete Técnico de asesoramiento directo. El titular del organismo será designado por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular de Transportes. En el plazo de tres meses desde su nombramiento, el Defensor deberá presentar una propuesta de reforma del marco normativo sobre atención a las víctimas elaborada junto a las asociaciones del sector, con el fin de revisar los protocolos de intervención y definir los cambios que requieran rango de ley. El ámbito de actuación abarcará los siniestros en medios de transporte colectivo de competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasajeros y líneas regulares de guaguas. No obstante, su labor podrá extenderse a servicios autonómicos y locales mediante convenios de colaboración con las administraciones territoriales. La normativa amplía la consideración jurídica de víctima no solo a quienes fallezcan, desaparezcan o sufran lesiones físicas, sino también a las personas con daños psicológicos, familiares, personas dependientes y allegados directamente afectados por el siniestro. Entre las principales funciones encomendadas al Defensor figuran: Interlocución y coordinación: Ejercer como canal único de referencia ante las diferentes administraciones e impulsar protocolos homogéneos de actuación, con especial atención a personas vulnerables. Asesoramiento legal y asistencial: Facilitar orientación sobre reclamaciones patrimoniales, acceso a justicia gratuita, ayudas económicas y asistencia terapéutica continuada. Investigación técnica y transparencia: Cooperar con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT) respetando su independencia, y elaborar informes periódicos sobre la gestión de cada suceso. Tratamiento informativo: Redactar un código de buenas prácticas con asociaciones de medios de comunicación para el tratamiento de la información en este tipo de catástrofes. Participación asociativa: Integrar a las organizaciones de víctimas de forma permanente a través de un grupo de trabajo consultivo. El decreto precisa que el Defensor no sustituirá a los órganos judiciales, a los equipos de investigación técnica ni a las competencias asumidas por comunidades autónomas y ayuntamientos en sanidad o servicios sociales, debiendo articular su intervención en estos casos a través de mecanismos de cooperación interadministrativa.
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