Colombia se encuentra en una situación crítica debido a un déficit energético. La urgencia de asegurar la oferta ha llevado al país a considerar la importación de gas, una medida que puede ser vital a corto plazo. Sin embargo, este enfoque no debe convertirse en una dependencia estructural. El Gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta Colombia con Venezuela, ha sido reactivado como una posible solución. Este proyecto, que lleva años en abandono, requiere inversiones significativas y un tiempo de ejecución que no se alinea con la urgencia actual. Además, existen desafíos técnicos y contractuales que deben superarse. La experiencia pasada con Venezuela ha dejado una lección clara: la soberanía energética no debe negociarse sobre expectativas. La prioridad estratégica debe ser el desarrollo de nuestras propias reservas off-shore y continentales para asegurar un suministro nacional sostenible a largo plazo. La reposición de reservas y el impulso a la exploración deben ser independientes de las coyunturas actuales. Importar gas puede ser un puente transitorio, pero no debe ser el reemplazo de una política nacional de hidrocarburos. La soberanía del sistema no se negocia sobre expectativas. Antes de avanzar, es crucial asegurar que el gas esté probado, la infraestructura auditada e indemnizada por garantías bancarias reales. Caer en la misma prisa del pasado sería condenarnos a exportar seguridad e importar incumplimientos. La discusión estructural sobre cómo recuperar la autosuficiencia a largo plazo debe ser prioritaria.
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