La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado al mayor (r) del Ejército Hernán Carrera Sanabria por el crimen de guerra de tortura contra los indígenas arhuacos Amado y Vicente Villafañe Chaparro, en hechos ocurridos en 1990 en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que el compareciente tuvo responsabilidad en estos hechos y deberá presentar una propuesta de reparación dirigida a las víctimas y a su comunidad. La decisión también incluye la remisión a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de siete antiguos integrantes de la fuerza pública que no reconocieron responsabilidad por el secuestro, tortura, homicidio y desaparición de los mamos arhuacos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hughes Chaparro. La JEP calificó estas conductas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Según el comunicado de la JEP, Hernán Carrera Sanabria reconoció su responsabilidad por la tortura de Amado y Vicente Villafañe Chaparro. Como parte del proceso, deberá elaborar una propuesta de reparación orientada a recuperar el Cerro Inarwa, considerado un sitio sagrado espiritual y de peregrinación del pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. La jurisdicción señaló que estos siete comparecientes no reconocieron su responsabilidad en los hechos relacionados con los tres mamos arhuacos. La investigación permitió reconstruir hechos relacionados con la estigmatización de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como la participación de hacendados y empresarios del Cesar en los crímenes investigados. También fueron identificados lugares donde habrían permanecido secuestrados los mamos antes de ser asesinados. De acuerdo con la JEP, en ese lugar permanecían acantonadas tropas del Ejército y grupos paramilitares. La jurisdicción estableció que los mamos se dirigían a Bogotá para participar en los procesos de la Asamblea Nacional Constituyente y aportar a la defensa de los derechos de los pueblos étnicos, su autonomía, el territorio y una vida en paz. La JEP indicó que la estigmatización contra los mamos se originó en la utilización del territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta por integrantes de las antiguas Farc-EP para esconder armas y personas secuestradas, entre ellas el señor José Eduardo Mattos. Según el tribunal, esa situación derivó en señalamientos contra miembros del pueblo arhuaco y en graves violaciones contra sus autoridades espirituales. Durante el trámite, la Sala abrió un incidente de condicionalidad por incumplimientos en el deber de aportar verdad. En una audiencia dialógica participaron autoridades de los pueblos de la Sierra Nevada, mientras las víctimas cuestionaron como insuficientes y falsos algunos de los aportes realizados por los comparecientes.
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