Con la implementación de la DAC8 y la Ley n.º 26/2026 en Portugal, los contribuyentes que operan con criptoactivos enfrentan nuevas exigencias. La DAC8, articulada con el CARF de la OCDE, exige a los prestadores de servicios de criptoactivos reportar anualmente a la Autoridad Tributaria. Aunque la transparencia es necesaria, la información reportada no es suficiente para calcular impuestos automáticamente. Los inversores deben reconstruir sus operaciones, incluyendo aquisiciones, transferencias y ventas, para cumplir con sus obligaciones fiscales. La exclusión de ganancias y pérdidas de criptoactivos retenidos por más de 365 días y la prioridad en la venta de activos adquiridos hace que la tributación sea más compleja. La nueva normativa exige responsabilidad tanto de los contribuyentes como de las plataformas para garantizar el cumplimiento fiscal.
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