A finales de 2025, colaboradores del empresario Alfredo Hernández en el INE diseñaron proyectos fuera del presupuesto, inflando los precios hasta cuatro veces su valor de mercado. Uno de estos proyectos fue el del sistema de vigilancia conocido como el Big Brother del INE, que inicialmente superaba los 300 millones de pesos. Este proyecto incluía tanquetas con cañones de agua para disolver mítines, las cuales no fueron aceptadas por la presidencia del instituto. Finalmente, el proyecto se redujo a 227 millones de pesos. Los detalles del contrato, clasificados como de 'seguridad nacional', no se conocen públicamente. Sin embargo, fuentes consultadas por Excélsior detallaron que el sistema de cámaras con micrófonos se pagó en más de 160 millones de pesos, los sensores ambientales en alrededor de 8 millones, los dos drones y los antidrones en 2 millones cada uno, un monitor gigante para la videovigilancia de la sede del INE sobrepasó los 22 millones, y los ponchallantas, torniquetes y sistema de credencialización sumaron casi 10 millones de pesos. Este proyecto fue adjudicado directamente a la empresa AMPS para la Integración y Articulación, S.A.P.I. de C.V., constituida en 2017 por gente cercana a Genaro García Luna. Raymundo Hernández Casillas, hermano de José Alfredo Hernández, acercó a esta empresa con el INE. Desde la semana pasada, los torniquetes para el ingreso a los edificios fueron inhabilitados y se inició la desinstalación de cámaras con micrófonos, al menos en la sala de prensa.
Ver más en NewsToday