Este jueves, un encuentro crucial entre el gobierno de Ontario, Stellantis y Unifor abordará la venta de la planta de Brampton. El primer ministro Carney ha enfatizado la importancia de proteger a los trabajadores. La discusión gira en torno a la obligación de Stellantis de cumplir con el acuerdo de financiación que recibió para modernizar sus instalaciones. En 2023, Stellantis recibió un compromiso conjunto de $1.5 mil millones entre el gobierno federal y la provincia de Ontario para revivir una instalación de baterías para vehículos eléctricos en Windsor y evitar que se trasladara a los EE. UU. El acuerdo requería que Stellantis mantuviera su presencia en Ontario hasta 2035, incluyendo la planta de Brampton. Además, se comprometieron $132 millones para el plan de modernización de Brampton. La venta de la planta ha sido condenada por Unifor, que dijo que la adquisición por parte de Roshel pondría en peligro los empleos de más de 2,000 trabajadores despedidos de Brampton. Antes de la venta, los trabajadores de Stellantis votaron abrumadoramente a favor de un mandato de huelga en octubre, con un 97.3 por ciento de votos a favor. Unifor ha dicho que una huelga sería el último recurso, pero las negociaciones han llegado a un punto muerto sobre varios temas clave, incluida la seguridad laboral. Los términos financieros de la venta a Roshel no se han hecho públicos.
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