El Parlamento español ha dado luz verde a un decreto destinado a abordar la crisis habitacional, conocido como 'decreto Maricarmen', en honor a MariCarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció después de ser desalojada de su vivienda. Este decreto, aprobado con 35 votos a favor y 34 en contra, incluye medidas para limitar los desalojos hasta 2030, extender automáticamente los contratos de arrendamiento por hasta dos años si vencen antes de 2028, y establecer límites a la compra de viviendas por parte de fondos de inversión hasta 2030. Además, se introducen beneficios fiscales para propietarios e inquilinos, ayudas para la compra de primera vivienda, y se limitan las actualizaciones anuales de alquileres al 2%. También se crea una línea de financiamiento de 10.000 millones de euros para préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para la compra de primera vivienda, independientemente de la edad. Este decreto responde a las demandas de las asociaciones que han estado promoviendo protestas masivas debido a las dificultades de acceso a la vivienda. Sin embargo, partidos de derecha como el PP, Vox y JxCat votaron en contra, argumentando que las medidas son mal elaboradas y podrían tener efectos negativos en el mercado de alquiler. La aprobación de este decreto ocurre en vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre, y un día después de la primera huelga general en España en 14 años, que se convocó precisamente por las dificultades de acceso a la vivienda. Las sondeos electorales indican que el PP, que ha prometido revocar este decreto, podría ganar las elecciones.
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