Querella contra el consejero de Economía de Chivite

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Querella contra el consejero de Economía de Chivite

La juez de Pamplona ha admitido a trámite la querella contra José Luis Arasti, consejero de Economía del Gobierno navarro, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el 'caso Sendaviva'. La causa investiga si el Gobierno navarro troceó la reconstrucción del parque Sendaviva para dar casi 800.000 euros a una constructora. El parque Sendaviva es un parque de la naturaleza situado en Arguedas, en la Ribera navarra. Lo gestiona Parquenasa, una sociedad participada por NICDO, empresa pública del Gobierno de Navarra integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN). Tras el incendio de 2022, el parque se reconstruyó con subvenciones del Ejecutivo foral. Las obras se adjudicaron a Adentro Construimos SL en cuatro contratos de entre 190.000 y 199.999 euros, que sumaron cerca de 800.000 euros. Todos quedaron por debajo del umbral de 200.000 euros a partir del cual la Ley Foral de Contratos Públicos exige una mesa de contratación. La investigación trata de aclarar si se troceó una misma obra para esquivar ese control. La constructora, propiedad del empresario Carlos Vidaurre, es la misma que remodeló la sede del PSN y reformó el piso que compró en 2024 Ramón Alzórriz, entonces secretario de Organización del partido. Su pareja, Diana Enériz, había trabajado en Servinabar, la empresa de Santos Cerdán. La Intervención General, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra y una auditoría externa encargada por Parquenasa ya apreciaron indicios de 'fraccionamiento indebido'. Además de admitir a trámite la querella contra el consejero de Chivite, la jueza también ordena que las tres acusaciones populares en este caso, Vox, UPN y PP, actúen bajo una misma dirección letrada. Lo hace para evitar 'la saturación del proceso', según el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La magistrada rechaza así los escritos de oposición, que alegaban un riesgo genérico de posturas contrapuestas sin aportar 'ningún dato concreto'. Además, pide al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra que informe sobre la 'licitud o ilicitud del fraccionamiento' de los cuatro contratos. Por último, acepta la prueba que pidió la defensa de Rubén González, exgerente de Parquenasa, y de Alzórriz. Parquenasa deberá entregar las auditorías de PKF y cinco informes de Arquitectos Asociados sobre el troceo y los sobrecostes.

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