La Contraloría General de la República ha zanjado una importante disputa institucional al determinar que el Gobierno tendrá que hacer efectivo el primer aporte del Estado al Fondo Autónomo de Protección Previsional (Fapp) en el año 2027. Este dictamen llega después de que la Dirección de Presupuestos (Dipres) ingresara una consulta al organismo contralor defendiendo el criterio de que dicho desembolso financiero debía postergarse hasta 2028. Debido a esta interpretación sostenida por el Ejecutivo, la partida correspondiente a este compromiso económico no había sido contemplada ni incluida dentro de la ley de Presupuestos vigente. Sin embargo, el pronunciamiento de la Contraloría viene a corregir la postura gubernamental, otorgando la razón de manera definitiva al Fondo Autónomo de Protección Previsional. Esta decisión obliga a las autoridades económicas a replanificar la asignación de recursos públicos para cumplir con los plazos legales establecidos, marcando un nuevo freno a los intentos de aplazar obligaciones financieras estipuladas por la normativa. La resolución subraya la estricta sujeción que debe mantener la administración del Estado frente a los dictámenes fiscalizadores, generando un nuevo frente de debate en la gestión presupuestaria del Ejecutivo. Fuente: La Tercera (Chile)
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