El Gobierno ha decidido extender hasta el próximo 31 de marzo el congelamiento en los precios de los combustibles, una medida adoptada en el marco del acuerdo alcanzado con los gremios de camioneros para mitigar el impacto inflacionario en el sector y en la economía general. Sin embargo, este alivio temporal tiene un coste fiscal elevado que ya se eleva hasta los mil millones de dólares para las arcas del Estado. Según los detalles establecidos en el documento oficial, el mecanismo garantiza que hasta la fecha fijada el precio de los carburantes únicamente podrá mantenerse o registrar descensos. En el caso hipotético de que el valor internacional baje y posteriormente experimente un repunte, la normativa permite dicha subida siempre y cuando no se rebase un límite establecido. Este techo protector corresponde al precio registrado en una fecha específica, restando una cantidad concreta por litro según el tipo de carburante. Para el diésel, el tope se calcula restando 142 pesos por litro al valor de referencia, mientras que para las gasolinas la rebaja aplicada para fijar el límite es de 39 pesos por litro. Con esta fórmula, el Ejecutivo intenta equilibrar las demandas del sector del transporte y la estabilidad de las cadenas de suministro frente a la volatilidad de los mercados energéticos globales. Fuente: La Tercera (Chile) #Combustibles #Economía #Gobierno #Transporte #Chile
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