Hoy, la corrupción que afecta al Gobierno y a sus sindicatos ha eclipsado las pretensiones demagógicas del PSOE sobre vivienda. El PSOE, con sus decretos aprobados de manera antidemocrática, ha hundido la oferta de alquiler al provocar la retirada de 26.531 pisos. Pero ahora, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido al Tribunal de Cuentas información sobre la financiación ilegal del PSOE. Además, la Fiscalía de la Unión Europea ha solicitado al Ministerio de Igualdad información sobre el presunto fraude en las pulseras antimaltrato. La UCO también ha interceptado mensajes que acreditan la relación directa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Cristian Corvillo, último detenido por la trama Koldo, quien cobró casi medio millón de euros por ser el correo de dinero entre Aldama y Ábalos. Por último, la UGT se enfrenta a la reclamación judicial de 8,78 millones por fraude en las subvenciones recibidas de la Junta de Andalucía. Este panorama evidencia la necesidad de poner fin a la corrupción y al despilfarro de fondos públicos.
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