En muchas familias, los hijos se ven en la necesidad de ayudar a sus padres mayores con asuntos financieros, como pagar recibos o gestionar cuentas bancarias. Sin embargo, esta ayuda puede convertirse en un problema jurídico si se sobrepasan los límites establecidos por la ley. La ley distingue claramente entre estar autorizado para administrar el dinero de otra persona y ser su propietario. Un poder notarial, por ejemplo, permite actuar en nombre del otorgante, pero no da derecho a disponer libremente de los fondos en beneficio propio. Cuando se traspasan estos límites, pueden surgir conflictos familiares, reclamaciones civiles o incluso procedimientos penales. Los abogados Pol González y Abel Marín destacan la importancia de delimitar claramente las facultades otorgadas y actuar siempre en interés del padre o madre. En casos de enfermedades como el alzhéimer, es recomendable establecer poderes preventivos para asegurar que alguien de confianza gestione los asuntos financieros cuando sea necesario. González subraya que estas medidas pueden evitar procedimientos judiciales innecesarios y garantizar que el curador esté sujeto a control y rendición de cuentas.
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