Desde el inicio del año, más de 12.000 millones de dólares han sido gestionados por Estados Unidos desde Venezuela. Este control plantea interrogantes sobre la soberanía y transparencia de las finanzas venezolanas. Un informe de KPMG revela que, entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026, se ingresaron más de 12.260 millones de dólares procedentes de las exportaciones de petróleo, oro, fertilizantes y otros recursos naturales. De esa cantidad, 12.110 millones fueron desembolsados al Gobierno interino de Delcy Rodríguez, mientras que 168,56 millones permanecían bajo custodia estadounidense. La Administración de Donald Trump ha establecido un sistema en el que las autoridades venezolanas deben justificar sus necesidades y obtener el visto bueno de Washington antes de disponer de los fondos. Este mecanismo puede presentarse como una garantía frente a la corrupción y la mala gestión que han deteriorado durante años las instituciones venezolanas. Sin embargo, también consolida una dependencia política y financiera que limita considerablemente la capacidad de decisión del Ejecutivo de Rodríguez. La transparencia no puede limitarse a publicar cuánto dinero entra y sale. También exige conocer quién compra los recursos, a qué precios, con qué condiciones y qué beneficios obtiene cada participante. Las diferencias entre las cifras estadounidenses y las publicadas por el Gobierno de Delcy Rodríguez añaden otro elemento de incertidumbre. Mientras KPMG contabiliza más de 12.260 millones hasta septiembre, la plataforma Transparencia Soberana eleva los ingresos hasta los 15.306 millones entre enero y noviembre. Aunque los periodos no coinciden, las discrepancias mensuales y la escasa precisión sobre el destino de determinados gastos dificultan construir una imagen completa de las finanzas públicas. El problema es especialmente relevante para un país que necesita recuperar infraestructuras, atraer inversiones y reconstruir una industria petrolera castigada por años de desinversión. El aumento de la producción puede proporcionar oxígeno financiero, pero no garantiza por sí solo una recuperación económica sostenible. Venezuela se enfrenta así a una paradoja: dispone de recursos capaces de generar ingresos multimillonarios, pero su capacidad para administrarlos está condicionada desde el exterior. Si este modelo se prolonga, Washington podría convertir el control financiero en una herramienta de influencia política duradera.
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