El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha generado una profunda división con los agentes policiales que participaron en los disturbios del 11-N. La Confederación Española de Policía (CEP) critica que Marlaska haya ordenado investigaciones sobre la actuación policial, sin ofrecer un solo respaldo público a los nueve policías heridos en Madrid. Los agentes enfrentaron ataques violentos durante la jornada, que dejó 1.144 incidencias y 47 detenidos. La CEP considera que el ministro ha optado por poner bajo sospecha a quienes contuvieron los episodios violentos, en lugar de apoyar a los funcionarios que se enfrentaron a ellos. Los policías se jugaron la integridad física en la calle; Marlaska respondió desde el despacho con expedientes. Cinco agentes resultaron heridos durante los disturbios nocturnos y otros cuatro sufrieron lesiones en diferentes intervenciones de la huelga. La confederación policial lamenta que la primera gran reacción del ministro fuera anunciar controles extraordinarios sobre sus actuaciones. La organización recuerda que los mecanismos ordinarios de supervisión ya existen dentro de la Policía Nacional. Por ello, interpreta la decisión de Interior como una concesión precipitada ante la presión de sectores políticos y sindicales. La CEP califica de “indigno” y “cobarde” que el ministro anteponga su imagen política al deber de defender a los agentes. El malestar se agrava, además, en una semana especialmente dolorosa para el cuerpo, tras el asesinato de un subinspector en Oviedo y mientras otro compañero continúa recuperándose de graves heridas. Quienes tenían que restablecer el orden se encontraron con agresiones y violencia; quienes debían defenderlos desde Interior optaron por investigarles antes de reconocer su trabajo. La indignación policial también se extiende a la decisión de prohibir el empleo de gas lacrimógeno en futuros operativos de control de manifestaciones. La CEP alerta de que esta medida deja a los agentes con menos herramientas para actuar en escenarios de violencia y alteraciones graves del orden público. El legítimo derecho de huelga y manifestación debe estar protegido, pero también el derecho de quienes no secundan un paro, de quienes necesitan circular y de los policías que garantizan la seguridad. Ninguna reivindicación justifica ataques contra agentes, incendios o destrozos. Marlaska vuelve a dejar a la Policía Nacional como moneda de cambio político. Mientras los agentes asumen los riesgos de la calle, Interior transmite que el problema no son los violentos que agreden, sino quienes deben frenarles.
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