En un giro inesperado, la Agencia Tributaria ha modificado su criterio sobre la prejubilación voluntaria sin Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Anteriormente, la indemnización por este tipo de prejubilación no estaba sujeta a tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, ahora, la indemnización pierde su condición de exenta y se gravará en el IRPF, lo que puede incrementar significativamente el coste para los trabajadores. Según las estimaciones, la factura podría superar los 40.000 euros, llegando en algunos casos hasta los 60.000 euros. Este cambio ha generado preocupación entre los trabajadores que hayan optado por la prejubilación voluntaria sin ERE, ya que ahora tendrán que afrontar una mayor carga fiscal. La medida se aplica retroactivamente, lo que significa que los trabajadores que ya hayan recibido la indemnización podrían verse afectados. Desde Merca2, seguimos de cerca esta situación y sus posibles consecuencias para los trabajadores.
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