España necesita arreglar demasiadas cosas. Las infraestructuras, las pensiones, la política energética, las fronteras, la vivienda. La lista es larga y el margen para seguir aplazándola, cada vez menor. Pero, además de afrontar esas urgencias, nuestro país necesita dos cambios que, a estas alturas, casi parecen dos milagros: aceptar de una puñetera vez el pluralismo y contar con una derecha culturalmente reconocible. Porque cambiar de Gobierno servirá de poco si el progresismo conserva el monopolio de las ideas y otros solo tienen permiso para reparar los destrozos que esas ideas provocan. Lo ocurrido con Silvia Intxaurrondo retrata nítidamente el primer problema. Después de la entrevista de Broncano a Abascal, la presentadora preguntó si la extrema derecha debía tener cabida en la televisión pública. Añadió que durante los últimos tres años su programa no había entrevistado a nadie que fuera contra los derechos humanos, salvo cuando ella no estaba o lo ordenaba la Junta Electoral Central. Lo importante aquí no es Silvia, sino el mecanismo: arrogarse el derecho de admisión en un medio público, convertir tu criterio en defensa de los derechos humanos y presentar la exclusión como una obligación moral. El truco consiste en colocar al adversario fuera de la democracia antes de tener que discutir con él. Primero se le etiqueta; después se utiliza la etiqueta para justificar su inadmisión y la censura preventiva. A partir de ahí, dar voz a un partido perfectamente legal se denuncia como blanqueo y excluirlo, defender la democracia. Todo pagado por los ciudadanos a los que se deja sin representación. Tiene mérito: cobrarte el servicio y no proporcionártelo porque eres demasiado malo para tener derecho a recibirlo. Esta manera de entender la política viene de lejos. Sánchez y sus aliados la han llevado al límite, pero no la inventaron. Desde la Transición no hemos conseguido normalizar que la democracia permite contraponer visiones distintas, no solo modelos de gestión. Hemos tenido alternancia, naturalmente. Pero el derecho a cuestionar los supuestos culturales de la izquierda sigue siendo tabú . La derecha puede llevar las cuentas, pero no discutir qué entendemos por libertad, solidaridad, igualdad o progreso. El primer milagro sería acabar con la negación del pluralismo. Las instituciones, por más que la teoría lo defienda, nunca serán perfectamente neutrales: al fin y al cabo, las dirigen personas, con sus preferencias y prejuicios. Pero una cosa es no alcanzar la imparcialidad perfecta y otra hacer ostentación de sectarismo. Una cosa es aplicar una regla de manera francamente mejorable y otra decidir que la regla nos sobra porque representamos el bien. Esa democracia, empeñada en vigilar las opiniones y condenar incluso presuntas intenciones, es una democracia represiva. Y su moralidad resulta bastante dudosa cuando el mismo pecado merece una condena o una excusa según quién lo cometa. «Un club de gestores que solo puede aspirar a gobernar cuando un Gobierno coloca al país al borde del abismo no es una alternativa» El segundo milagro sería que apareciese una derecha culturalmente consistente y reconocible. Una derecha capaz de explicar qué sociedad quiere y por qué, sin mirar de reojo al progresismo. Porque un club de gestores que solo puede aspirar a gobernar cuando un Gobierno coloca al país al borde del abismo no constituye una alternativa. Es, a lo sumo, un equipo de calafateadores de emergencia: lo llaman cuando el barco hace agua, tapa las vías y devuelve el puente de mando a quienes siguen decidiendo el rumbo.
También lo cubren: El Liberal.
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