El decreto sobre vivienda que ya estaba parcialmente en vigor desde el 8 de octubre ha sido finalmente convalidado, asegurando que todas sus medidas continúen aplicándose. Este decreto introduce una serie de cambios significativos que afectan tanto a inquilinos como a propietarios. Para los inquilinos, las nuevas regulaciones buscan proteger sus derechos y garantizar condiciones de alquiler más justas. Por otro lado, los propietarios enfrentan nuevas obligaciones y restricciones que buscan equilibrar los intereses de ambas partes. Este cambio legislativo representa un paso importante en la política de vivienda del país, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes y asegurar un mercado inmobiliario más estable y equitativo.
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