La siderúrgica catalana Celsa, tras una intensa reestructuración de deuda y una batalla judicial, ha pasado a manos de los fondos acreedores. Esto significa que la familia Rubiralta ya no tiene el control ni la propiedad de la empresa. A pesar de haber vuelto a la rentabilidad, Celsa busca una salida, ya sea mediante una venta o una salida a bolsa. Además, la empresa aún debe devolver los 550 millones que recibió como rescate de la SEPI. Este cambio de manos evidencia el afán especulativo de los fondos, que buscan maximizar sus beneficios sin importar las consecuencias para los trabajadores y la economía local. La historia de Celsa es un claro ejemplo de cómo las empresas pueden ser manejadas más como activos financieros que como motores de producción y empleo.
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