El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, 12 de noviembre, uno de los dos decretos de vivienda del Gobierno por apenas un voto de diferencia: 35 a favor y 34 en contra. La norma mantiene la protección frente a determinados desahucios hasta 2030, permite ampliar algunos contratos de alquiler y contempla ayudas de hasta 50.000 euros para comprar una primera vivienda. Sin embargo, la Cámara ha rechazado el segundo decreto, que pretendía convertir los alquileres en indefinidos e introducir indemnizaciones para los inquilinos. La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 29/2026, vigente desde el pasado 8 de octubre. Una de las principales medidas aprobadas es la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2030 de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Para acogerse a ella deberán concurrir circunstancias específicas, como la vulnerabilidad económica o social y la ausencia de otra vivienda disponible. El decreto introduce otra medida relevante para los arrendatarios: la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Para acogerse, los inquilinos deberán estar al corriente de pago y acreditar que han cumplido sus obligaciones durante los ocho meses anteriores. Durante la ampliación se mantendrán las condiciones contractuales existentes. También se limitan determinadas actualizaciones anuales de renta hasta finales de 2027. La segunda votación ha tenido un resultado contrario. El Congreso ha rechazado el decreto que pretendía establecer renovaciones automáticas de los contratos y una indemnización equivalente a una anualidad de alquiler cuando el propietario decidiera poner fin al arrendamiento en los supuestos previstos. La propuesta contemplaba prórrogas automáticas de cinco o siete años, dependiendo de las circunstancias contractuales. El PNV ha rechazado esta iniciativa por considerar que podía introducir inseguridad jurídica y reducir la oferta disponible, especialmente entre pequeños propietarios. El decreto aprobado no se limita al mercado del alquiler. También establece un mecanismo de financiación pública para facilitar el acceso a la primera vivienda habitual. El programa contempla préstamos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros, con un límite adicional del 20% del valor del inmueble.
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