Tras las controvertidas elecciones de 2025 en Honduras, la derecha ha intensificado su represión contra la oposición. Se emitieron órdenes de aprehensión contra el expresidente del Congreso y doce parlamentarios. Este contexto se enmarca en una larga historia de golpes de Estado y narcodictadura. Las instituciones judiciales ahora parecen estar controladas por el bipartidismo, apuntando hacia un futuro de represión y exilio para la disidencia. El golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya sigue siendo un punto de inflexión para la sociedad hondureña. A pesar de los años y las elecciones, las dinámicas de poder y el aparato represivo que se consolidaron desde entonces no han sido desmantelados. Este sistema tiene raíces profundas en las instituciones políticas, las élites económicas, los grandes capitales multinacionales y las redes del crimen organizado. Además, se ve afectado por las políticas estratégicas de Estados Unidos en la región. Los sectores políticos o movimientos sociales que proponen reformas estructurales o incluso una refundación del país enfrentan una dura represión judicial y física. La etapa más reciente de esta compleja dinámica se está desarrollando entre la Corte Suprema de Justicia y las oficinas del Ministerio Público, instituciones que han vuelto a estar bajo el control del bipartidismo. En el centro de la disputa se encuentran las fuertes tensiones postelectorales relacionadas con las elecciones generales de finales de 2025. Recientemente, la magistratura emitió una orden de captura internacional, acompañada de una alerta roja de la Interpol, contra Luis Redondo, ex presidente del Congreso Nacional. Además, ha acusado a los diputados —casi todos del entonces partido gobernante Libertad y Refundación (Libre)— que en ese momento integraban la Comisión Permanente del Parlamento, a quienes se les exige rendir cuentas por haber presuntamente abusado de sus prerrogativas para impugnar los resultados de la votación. Los recursos que quedaron sin resolver, la suspensión del recuento electrónico durante más de 24 horas, las repetidas interrupciones del sistema de conteo preliminar y las denuncias de ataques cibernéticos antes, durante y después de la votación, habían servido de telón de fondo a una rápida declaración de los ganadores por parte de las dos representantes del bipartidismo dentro del máximo órgano electoral. Ante esta proclamación oficial —realizada a marchas forzadas a pesar de las protestas por alteraciones masivas de la voluntad de los votantes—, la Comisión Permanente del Parlamento intentó una contramedida institucional. Durante la sesión extraordinaria del 8 de enero de 2026, este órgano restringido aprobó el Decreto Legislativo 58-2025, mediante el cual ordenaba al Consejo Nacional Electoral la revisión y el recuento «voto por voto» de aproximadamente 20 mil actas electorales. Este duro pulso terminó por redefinir el destino de sus protagonistas.
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