La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves 12 de noviembre, por 35 votos a favor y 34 en contra, el real decreto-ley que concentra el grueso de las medidas urgentes de vivienda del Gobierno. El texto mantiene la prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, la prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler de vivienda habitual que venzan antes de 2029, los topes a la actualización de rentas hasta finales de 2027 y los préstamos del ICO de hasta 50.000 euros para la entrada de la primera vivienda. En la misma sesión ha sido derogado el segundo decreto, el que establecía la renovación automática e indefinida de los contratos de arrendamiento, al sumarse el PNV al bloque de PP, Vox y Junts. La votación llega un día después de la huelga general por la vivienda y a 17 días de las elecciones del 29 de noviembre. El resultado responde a la aritmética de la Diputación Permanente, el órgano de 69 miembros que asume las competencias del Pleno cuando las Cortes están disueltas. El bloque de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y el representante de Podemos en el Grupo Mixto suma 35 escaños frente a los 34 de PP, Vox y Junts. Esa diferencia de un voto ha permitido salvar el decreto principal, mientras que la oposición del PNV al texto de la prórroga automática ha invertido el resultado en el segundo. La portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, había anunciado que mantendría la misma posición que en el Pleno del 2 de octubre: apoyo al paquete general y rechazo a la renovación forzosa indefinida. El cumplimiento de esa línea ha sido decisivo. El decreto convalidado, conocido como “decreto Maricarmen” en alusión a la pensionista desahuciada cuyo caso dinamitó el debate en Madrid, ya se encontraba en vigor desde su publicación en el BOE a principios de octubre. Su convalidación evita que decaiga y consolida un conjunto de intervenciones que el Gobierno presenta como respuesta a la crisis de acceso y a la presión especulativa. Entre las medidas que se mantienen figura la suspensión de determinados procedimientos de desahucio cuando el afectado sea persona vulnerable, carezca de alternativa habitacional y la Administración no le haya ofrecido una solución adecuada, con límite en el 31 de diciembre de 2030. También se regula una prórroga de los contratos de residencia habitual que finalicen antes de finales de 2028 o 2029, por periodos anuales y con un máximo de dos años, siempre que el inquilino la solicite y se encuentre al corriente de pago. Los topes a las actualizaciones anuales de renta se prolongan hasta finales de 2027, con porcentajes del 0 % o del 2 % según el caso y el índice de referencia. Además, el texto incorpora el mecanismo “Tu Casa”, gestionado por el ICO y dotado con 10.000 millones de euros, que contempla préstamos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros o el 20 % del valor de la vivienda para facilitar la entrada en la compra de primera residencia. Incluye limitaciones a las adquisiciones por parte de grandes tenedores y fondos considerados especulativos hasta 2030, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, beneficios fiscales para pequeños propietarios que reduzcan rentas o mantengan inquilinos, y una deducción del 10 % en el IRPF para determinados inquilinos. Otras disposiciones contemplan la reducción del IVA al 4 % para vivienda protegida, un fondo de impacto social de 400 millones y medidas sobre pisos turísticos y viviendas vacías. #vivienda #alquileres #congreso #decreto #política
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