La cumbre del COP31 en Turquía ha destacado la importancia de aumentar el uso global de electricidad para 2035, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este compromiso, conocido como '35-by-35', busca elevar el uso de electricidad del 21% al 35% para 2035, preferentemente de fuentes renovables. Sin embargo, organizaciones ambientales y de derechos humanos advierten que sin medidas de protección adecuadas, el auge de la minería para obtener los minerales y metales necesarios para la infraestructura energética podría tener graves impactos ambientales y de derechos humanos en todo el mundo. La minería ha traído consigo la deforestación, la contaminación del agua y la pérdida de tierras para los pueblos indígenas. Los grupos de derechos han instado a los funcionarios del COP31 a centrarse en cómo obtener de manera justa los materiales necesarios para la transición. Turquía, que comparte la presidencia del COP31 con Australia, ha anunciado que la electrificación será una de sus principales prioridades. El presidente del COP31, Murat Kurum, también ministro de Medio Ambiente de Turquía, ha destacado que esta transición requiere de energías renovables, redes fuertes, capacidad de almacenamiento, eficiencia energética, transporte limpio e industria verde. Los activistas ambientales señalan que el compromiso no exige que la electricidad provenga de fuentes renovables, lo que significa que se podrían utilizar combustibles fósiles. Pero a medida que los países intentan alejarse de los combustibles fósiles, se espera que la energía renovable juegue un papel importante. Desde Indonesia hasta Brasil, el auge en la demanda de metales y minerales necesarios para crear turbinas eólicas, paneles solares, baterías de vehículos eléctricos, ferrocarriles de alta velocidad y otras tecnologías cruciales para la transición energética ha estado en marcha durante algún tiempo, según la Agencia Internacional de Energía. Los países también están explorando nuevas formas, como la minería en aguas profundas, para asegurar sus propios suministros de minerales, especialmente a medida que la guerra en Irán impulsa el desarrollo de energía limpia. El compromiso '35-by-35' se espera que impulse aún más la demanda. Datos publicados por el Centro de Recursos de Negocios y Derechos Humanos muestran que estas amenazas están en aumento. La organización internacional sin fines de lucro registró más de 300 acusaciones de derechos humanos relacionadas con la minería de minerales de transición en 2025, un aumento del 73% respecto al año anterior. Y los expertos advierten que un auge en la minería probablemente conduciría a un aumento en los abusos. 'Si la minería va a aumentar sin las protecciones adecuadas, probablemente podamos esperar ver algunos de estos problemas aumentar también', dijo Emily Iona Stewart, jefa de política y defensa del grupo de derechos ambientales y humanos Global Witness. Los grupos ambientales y de derechos humanos instan a los gobiernos a fortalecer las salvaguardias en las cadenas de suministro de materiales críticos. En una carta abierta a las presidencias del COP31, más de 120 grupos de la sociedad civil internacional han expuesto las condiciones que quieren que se cumplan para el objetivo '35-by-35', incluyendo la protección de los ecosistemas, la adopción de una debida diligencia vinculante en materia de derechos humanos y medio ambiente, y la protección de los pueblos indígenas.
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