La campaña para las elecciones seccionales del 29 de noviembre en Ecuador comenzó con un riesgo conocido: la competencia por atención puede reemplazar la discusión sobre cómo gobernar. Es fundamental separar la propuesta de la propaganda electoral. El Consejo Nacional Electoral ha organizado debates obligatorios y mantiene habilitada la plataforma Voto Informado para consultar candidaturas y planes de trabajo. Sin embargo, un documento registrado o una intervención televisada no garantiza que la ciudadanía conozca qué pretende hacer cada postulante, cuánto cuesta, qué competencias tiene la autoridad para ejecutarlo y con qué recursos piensa sostenerlo. Además, prometer fuera de las competencias legales puede ser atractivo en campaña, pero convierte el plan de trabajo en publicidad electoral. Las redes sociales y los algoritmos pueden jerarquizar contenidos según patrones de interacción, no según necesidades reales. Un alcalde o un prefecto no administra tendencias; administra territorio, presupuesto, infraestructura, servicios y conflictos concretos. Por eso, conocer los planes de trabajo importa, pero leerlos no basta. La conversación pública debería exigir prioridades, plazos, costos, fuentes de financiamiento, indicadores y límites legales. También debería preguntar qué problema real intenta resolver cada propuesta y a quién beneficia. Las encuestas pueden orientar. Los algoritmos pueden detectar conversaciones. Las redes pueden revelar malestares. Ninguno sustituye recorrer una ciudad, escuchar comunidades, conocer las competencias del cargo y comprender técnicamente los problemas. El desafío de esta campaña no es lograr que los candidatos digan aquello que mejor circula. Es conseguir que expliquen qué harán, cómo lo harán y cómo se medirá después. Porque el voto dura minutos; las decisiones de quienes ganen condicionarán cuatro años. Y una ciudad no puede gobernarse con aquello que un algoritmo decidió volver tendencia.
Ver más en NewsToday